10 de junio de 2020

Declaración común sobre el futuro de la Unión Europea

Texto

Declaración común sobre el futuro de la Unión Europea

Considerando que la Unión Europea (en adelante UE) constituye un proceso de integración regional de carácter supranacional sin precedente en el mundo, que ha permitido lograr, mantener y fortalecer a través del tiempo su objetivo fundamental: el establecimiento de una paz duradera entre sus miembros y, de facto, entre los pueblos europeos;

Considerando que los principios de libertad, dignidad humana, igualdad, democracia, respeto de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho, así como el principio de solidaridad, todos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, constituyen los valores esenciales que debe fundamentar la acción de la UE;

Considerando que uno de los mayores logros conseguido hasta la fecha en el marco de este innovador proceso de integración ha sido la progresiva supresión en su seno de las trabas a la libre circulación en todas sus vertientes (personas, mercancías, servicios y capitales), la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, lo que incluye la supresión definitiva de las fronteras entre sus miembros desde la entrada en vigor del Tratado Schengen en 1995;

Considerando que la UE encuentra su legitimidad democrática a través de su sistema institucional único, que incluye de manera directa la participación de su base -los ciudadanos de la UE- en el proceso mediante la elección por sufragio universal directo de sus representantes al Parlamento Europeo, colegislador de la UE;

Considerando, sin embargo, que la crisis generada por la expansión a través de los Estados miembros de la UE del virus “Covid-19” y las hasta ahora respuestas unilaterales dadas por parte de los distintos niveles políticos están poniendo en grave peligro los resultados de setenta años de intensos trabajos a favor de “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa” (Preámbulo TUE);

Considerando que la gestión de la crisis del COVID-19 ha provocado perturbaciones económicas y sociales considerables en los Estados miembros, con un desplome generalizado del Producto Interior Bruto (PIB) durante los dos primeros trimestres del año 2020;

Considerando que la recuperación económica será lenta y durante mucho tiempo no se podrá hablar de normalidad. Que millones de puestos de trabajo se han destruido o están en riesgo de destrucción; que miles de pequeños empresarios, autónomos y profesionales han cesado en sus actividades;

Considerando que la UE ha de hacer frente a una crisis económica sin precedentes y que deberá incrementar la potencia de fuego del presupuesto comunitario para conseguir financiación en el mercado y movilizar recursos necesarios y urgentes para cubrir las necesidades de los ciudadanos y empresas más golpeadas por la crisis;

Considerando que la UE ha de iniciar sin demora la Conferencia sobre el Futuro de Europa para reformar, modernizar y dar mayor legitimidad democrática si cabe a la UE a partir de la visión de los ciudadanos europeos, los representantes de la sociedad civil y otros actores a nivel europeo, nacional, regional y local;

Considerando, por tanto, que debemos, en cuanto Red europea y latinoamericana de investigación público-privada que agrupa Universidades y empresas de varios Estados miembros de la UE y de América Latina, y que obra a favor de la integración regional, ser propositivos frente a la situación en la que nos encontramos, planteando una serie de cambios a corto, mediano y largo plazo para conseguir fortalecer este ente “sui generis” que es la UE de cara a su futuro;

DECLARAMOS:

1. En el momento de su adhesión a la UE, los Estados miembros han aceptado ceder parte de su soberanía a favor de un ente jurídico de carácter supranacional: la UE. La existencia de una emergencia sanitaria mundial no puede servir como excusa para ir limitando dicho carácter, más aún cuando el mundo está entrando en una fase de gran incertidumbre y volatilidad y que los ciudadanos necesitan más que nunca escuchar una respuesta firme y contundente por parte de los dirigentes para hacer frente a sus problemas inmediatos.

2. El principio de subsidiariedad no puede de ninguna manera ser invocado por parte de los Estados miembros de la UE con el objetivo de adoptar medidas de índole unilateral, dado que la pandemia tiene un carácter mundial, afecta el conjunto de los miembros de la UE y menoscaba el correcto funcionamiento del mercado interior europeo. Por tanto, la acción de la UE queda plenamente legitimada de cara a hacer frente a esta contingencia excepcional.

3. Garantizar la normalidad dentro del sistema institucional de la UE debe constituir una prioridad absoluta tanto para la propia UE como para los gobernantes nacionales. En este sentido, apelamos a que cada una de las instituciones de la UE ejerza sus funciones con la mayor celeridad posible, siempre respetando las competencias que le han sido atribuidas por los Tratados fundacionales. Asimismo, reiteramos que el papel del Parlamento Europeo debe ser central en la respuesta europea a la crisis, tomando en cuenta su legitimidad democrática (recordamos que se trata de la única institución de la UE cuyos representantes son directamente elegidos por los ciudadanos de la UE) y su rol de colegislador dentro del actual proceso de toma de decisión de la UE.

4. Garantizar a los ciudadanos el goce pleno de los Derechos Fundamentales no constituye una opción sino una obligación para la UE, incluso en tiempos excepcionales. Es lo que permite diferenciar una dictadura de una democracia. El restablecimiento de derechos esenciales tales como la libertad de reunión (art. 12 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE), el derecho a trabajar (art. 15) y la libertad de circulación (art. 45) dentro del conjunto del territorio de la UE debe ser inmediato, respetando las recomendaciones para garantizar la salud pública.

5. El Espacio Schengen forma parte del acervo comunitario y es esencial para el correcto funcionamiento del mercado interior europeo, especialmente en lo referente a la aplicación de la libre circulación de las personas. Si bien es cierto que, bajo ciertas circunstancias, puede padecer algunas limitaciones, de ninguna manera el derecho de la UE permite unas actuaciones unilaterales por parte de los Estados miembros, sino que se exige el respeto de un estricto procedimiento de autorización comunitaria. En este orden de ideas, hacemos un llamamiento al inicio de los respectivos procesos por incumplimiento en contra de los Estados que han vulnerado esos principios esenciales, de cara a evitar cualquier brecha jurídica para el futuro.

6. El principio de solidaridad constituye un elemento fundamental en lo que concierne a las relaciones entre los Estados miembros de la UE. Se basa en la necesaria confianza que deben tener los integrantes de la UE, obligatorio cuando hablamos de proceso de integración. Única y exclusivamente su aplicación, en un sentido amplio y sin que pueda dejar lugar a ambigüedades, por parte de todos los Estados permitirá garantizar un verdadero futuro para el proyecto común. La UE es y debe seguir siendo un ente único, dentro del cual los que participan garantizan su solidaridad frente a los demás en todo momento, lo que implica necesariamente respeto, diálogo y, en su caso, cooperación efectiva.

7. La UE constituye un modelo exitoso de integración que inspira a muchas zonas del mundo, y especialmente a América Latina. Las largas y provechosas relaciones mantenidas con este continente hasta el momento -tanto económica como política, social y académica- deben seguir plenamente. En este sentido, apelamos a una apertura inmediata de las fronteras exteriores de la UE (cerradas a pesar de las recomendaciones en contra de la Organización Mundial de la Salud), a un relanzamiento de su política exterior, especialmente en su vertiente “cooperación al desarrollo”, así como a dar continuidad a los acuerdos en vigor y a los en curso de ratificación (especialmente al negociado con Mercosur).

8. La UE no puede fallar en su delicada tarea de dar una respuesta clara a la crisis sin precedente que el continente, y el mundo, esta viviendo. Demasiado pasiva durante la anterior crisis, tiene que tomar ahora con firmeza las riendas del destino que se quiere trazar. Una cooperación leal, efectiva y ambiciosa entre las instituciones de la UE y los Estados miembros resulta imperativa, para evitar cualquier retroceso impensable a épocas pasadas. Más que nunca, la integración europea debe constituirse como la respuesta imprescindible para hacer frente a las turbulencias que se avecinan. Una integración, obviamente, renovada pero al mismo tiempo respetuosa de sus democracias.

9. La declaración de pandemia sanitaria por el COVID-19 y su posterior gestión por parte de los distintos gobiernos de los Estados miembros, ha provocado perturbaciones económicas y sociales considerables con un desplome generalizado del Producto Interior Bruto (PIB) durante los dos primeros trimestres del 2020.

El shock sanitario y económico extremo ha impactado en políticas en las que la Unión Europea carece de competencias exclusivas o compartidas con los Estados miembros: Sanidad, Empleo y Fiscalidad. Para responder a este doble shock, el Banco Central Europeo ha habilitado líneas de liquidez de urgencia en materia sanitaria, así como de liquidez al sector financiero, incluso ha activado su programa de compra de activos, que pedimos se mantengan en activo mientras dure la crisis del coronavirus.

Al mismo tiempo, reclamamos de la UE la creación de un Fondo de Recuperación y Transformación, tal y como ha pedido el Parlamento Europeo (v. resolución de 15 de mayo de 2020), de un volumen de 2 billones de euros, financiados a través de la emisión de bonos a largo plazo para la recuperación garantizados por el presupuesto de la UE. Este fondo asistirá a los países y sectores más golpeados por la crisis sanitaria y económica, y aportará respuestas proporcionadas y adecuadas tanto en el plano económico, industrial y financiero, para preservar tanto la unidad del mercado único como la transición a una economía climáticamente neutra y sostenible, mediante la concesión mayoritariamente de préstamos, subvenciones y pagos directos para inversiones y capital, en condiciones favorables y flexibles a los ciudadanos y las empresas más golpeados por la crisis.

Consideramos necesario valorar una mayor cesión de soberanía en el ámbito de la salud pública a las instituciones comunitarias, tanto para prevenir, como para hacer frente a pandemias transfronterizas.

Por último, reclamamos que la Comisión Europea refuerce sus medidas de control de las inversiones provenientes de fuera de la Unión Europea y que, al mismo tiempo, construya nuevos instrumentos y herramientas para aguantar las amenazas directas y los efectos colaterales de una rivalidad comercial y económica creciente entre EE.UU. y China, y estimule la integración económica y comercial con otras áreas afines, en particular América Latina y Caribe.

10. Los profundos cambios tecnológicos y económicos que estamos viviendo en Europa no se están traduciendo en una mejora de la gobernanza de las instituciones europeas. Los ciudadanos europeos manifestamos nuestro deseo de una mayor y mejor democracia participativa. Por eso, reclamamos del Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea que agilicen los plazos y los procesos para la convocatoria, organización, apertura y funcionamiento de la próxima Conferencia para el Futuro de Europa, y que impulsen la participación en ella de ciudadanos, representantes de la sociedad civil y otros actores a nivel, europeo, nacional, regional y local, para fortalecer el proyecto europeo, acercar Europa a los ciudadanos y a éstos con sus instituciones comunes.

 

Miembros de la Red que suscriben la Declaración

Carlos F. Molina Del Pozo

Catedrático de Derecho Administrativo y Catedrático Jean Monnet “ad personam” de Derecho de la Unión Europea, Universidad de Alcalá (Madrid), Presidente del IELEPI

José Luis Baró Fuentes

LL.M. European Law, Free University of Brussels, Manager EU & Public Affairs (Objetivo Europa GEIE), miembro del IELEPI

Roberto Cippitani

Jean Monnet Chairholder (teKla), Centre of Research “Rights and Science”, Department of Medicine, Università degli Studi di Perugia

Nuno Cunha Rodrigues

Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Cátedra Jean Monnet

Henri Labayle

Professeur à l’Université de Pau et des pays de l'Adour, Chaire Jean Monnet, Directeur du Centre de documentation et de recherches européennes (CDRE)

Calogero Pizzolo

Catedrático Jean Monnet y Coordinador Académico del Centro de Excelencia Jean Monnet, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires

Ronan Ciréfice

Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Internacional Público y de Derecho de la Integración, Juri-Dileyc

Jamile Bergamaschine Mata Diz

Catedrática Jean Monnet y Directora del Centro de Excelencia Jean Monnet de la Universidade Federal de Minas Gerais de Belo Horizonte

Valentina Colcelli

Researcher of NRC, Lawyer Institute CNR_IFAC

Jorge Antonio Jiménez Carrero

Doctor en Derecho, abogado, miembro del IELEPI

Manuel Alexandro Munive Paez

Profesor del ITESM, ELD y UNAM, Ciudad de México

Maiténa Poelemans

Docteur en droit, Ingénieure de recherches, Centre de documentation et de recherches européennes (CDRE), Université de Pau et des pays de l'Adour

Rafael Ripoll Navarro

Profesor de Derecho de libre competencia de la UE, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Católica de Valencia